El Senado avanzó con cambios al proyecto de ley que penaliza la corrupción en empresas.
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Con el quórum justo, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales emitió dictamen sobre la iniciativa, que volvería a la Cámara de Diputados. Se estableció que los delitos de corrupción no serán imprescriptibles. Cómo quedó el texto.

 

El proyecto de ley que penaliza los actos de corrupción cometidos por empresas recibió este Miércoles numerosos y sustanciales cambios en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que -con el quórum justo- emitió dictamen favorable y dejó el texto en condiciones de ser tratado en el recinto, aún sin una fecha acordada.

Las modificaciones fueron consensuadas entre el oficialismo, el PJ-Frente para la Victoria y Liliana Negre (Peronismo Federal), y convirtieron en cenizas el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, donde entre otras cosas se había establecido que los delitos contra la administración pública sean imprescriptibles.

“El proyecto modificado reúne todas las condiciones que exige la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)”, garantizó el peronista Rodolfo Urtubey, quien participó de las negociaciones con Cambiemos para arribar a un texto que contente a todos.

Por disposición del Presidente de la Comisión, Pedro Guastavino (PJ-FpV), el inicio de la reunión se demoró una hora, aunque aún así costó conseguir el quórum, que se logró con nueve Senadores -de un total de 17 que integran el cuerpo-.

Cómo quedó el proyecto

La iniciativa recobró su espíritu original, que era el de castigar a personas jurídicas por determinados delitos; para ello, se modificó el artículo primero acotando los ilícitos pasibles de sanción, dado que el proyecto de Diputados había incorporado a todos los delitos del Código Penal.

Según informó Ernesto Martínez (Pro), quien detalló las modificaciones punto por punto, se penalizará a empresas de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal, por los delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, y -a pedido de Urtubey- la conformación de balances e informes falsos.

Se aclara además que, si se da el caso de “responsabilidad sucesiva” -es decir, que la empresa tome otro nombre, se transforme o se fusione-, la posibilidad de que sea penalizada subsiste.

Los Senadores acordaron que la acción penal prescriba a los seis años de la comisión del delito, y también especificaron que si se verifica el delito pero no se conoce quién lo llevó adelante físicamente, la empresa igual deberá responder.

Para el nuevo esquema de penas se tendrá en cuenta la ganancia de la empresa al momento de cometer el delito, con multas que van de dos a cinco veces ese beneficio obtenido; la suspensión total o parcial de actividades -con un máximo de diez años-; la prohibición por diez años de participar en concursos o licitaciones estatales; y la disolución de la personería gremial cuando hubiese sido creada al solo efecto de delinquir, entre otras sanciones.

En el nuevo artículo 9 se indican tres condiciones que deberán ser cumplidas para lograr la eximición de la pena: que sea la persona jurídica -y no el Estado- la que detecte el delito; que haya implementado un sistema de control y supervisión adecuado (programas de integridad o compliance); y que haya devuelto el beneficio obtenido indebidamente.

Otro de los aspectos importantes, con respecto a la extinción de la acción penal, es que en el caso de fallecimiento del actor físico del delito, el proceso contra la persona jurídica continúa.

En el artículo 16 se prevén los “acuerdos de colaboración eficaz”, donde la persona jurídica podrá comprometerse ante el Ministerio Público Fiscal a colaborar y brindar “datos precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes, o el recupero del producto de las ganancias del delito”, a cambio de la reducción de la pena.

La nueva redacción no incorpora, tal como había pedido la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, el polémico artículo que abría a las empresas la posibilidad de llegar a acuerdos de colaboración eficaz de tipo administrativo, por hechos ocurridos con anterioridad a la sanción de la ley.

Dicho artículo podía aplicarse al caso de Odebrecht, la firma brasilera que confesó haber cometido delitos en varios países, entre ellos Argentina.


Fuente: Parlamentario.com – 20.09.2017